Los intereses públicos se verán perjudicados los acusados ausentes que requiere poner a disposición de encriptar los contenidos en circunstancias como éstas. No obligar a la Sra. Fricosu equivale a una concesión a ella y delincuentes en potencia (ya sea en la explotación infantil, la seguridad nacional, terrorismo, delitos financieros o los casos de tráfico de drogas) que la encriptación de todas las pruebas inculpatorias digitales servirán para derrotar a los esfuerzos de los agentes de la ley para obtener esas pruebas a través de judicialmente autorizado órdenes de allanamiento, y así hacer imposible su persecución.
El "si eran inocentes, que no tendría nada que ocultar" argumento levanta su cabeza, en una gran forma.
"Los fiscales hicieron hincapié en que en realidad no requieren la misma frase, lo que significa Fricosu se le permitiría a escribir y desbloquear los archivos sin que nadie mirando sobre su hombro. Ellos dicen que quieren sólo los datos descifrados y no son exigentes con la contraseña la unidad, ya sea oralmente o por escrito. "
La externalización de la memoria como datos digitales siempre ha demostrado ser un punto clave para el sistema de justicia penal. Ahora bien, es la opinión del Departamento de Justicia que ciertas piezas de información conocida por un sospechoso, es decir, contraseñas de cifrado, puede ser tratada como algo análogo a "llaves" física y exigido por los fiscales-básicamente quitando el derecho a guardar silencio. La pregunta que queda: es la captura de los estafadores, traficantes de drogas y la pornografía infantil de siglos de rechazo de los principios del derecho común, a partir de la presunción de inocencia?
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